En Colombia, y particularmente en la región del Magdalena Medio, quienes tenemos el compromiso de liderar procesos sociales y políticos alternativos, hemos estado sometidos a la intemperancia del establecimiento. Para ello utilizan las fuerzas estatales y paraestatales, que cumplen la misión de criminalizar a quienes consideran el enemigo interno, utilizando la eliminación física, es decir el asesinato, y también la judicialización que conlleva el encarcelamiento.
El asesinato de líderes populares, sociales, sindicales, de derechos humanos o políticos de oposición, ha sido una práctica permanente, generalizada y sistemática. Por eso no es casual los miles y miles de asesinatos políticos en Colombia, y en especial en la región del Magdalena Medio. Centenares y centenares de crímenes irremisibles como los ocurridos en Barrancabermeja y estos dirigentes tenían todo un acumulado como los casos de Leonardo Posada, Ismael Jaime, Orlando Higuita, Manuel Gustavo Chacón, Francisco Burgos y tantos otros quienes ofrendaron sus vidas por la noble causa de la libertad, la paz y la democracia. Sencillamente fueron silenciados y se les impuso el manto de la impunidad.
La práctica perversa de los montajes judiciales es otra rama de la criminalización, que con falsos testigos y libretos preestablecidos encarcela a los dirigentes naturales de la comunidad, porque son considerados por el establecimiento y sus agentes una piedra en el zapato.
En el año 1993, fui víctima de un montaje judicial donde el Coronel Fabio García Chaves, del Batallón Nueva Granada, en un escrito de once renglones, me acusó de tener vínculos con la insurgencia y un teniente del batallón Calibio de Puerto Berrío me colocó una denuncia penal por la muerte de un soldado, donde la única “prueba” era el susodicho informe de inteligencia, que me acusaba de pertenecer a la insurgencia. También me acusaron por la muerte de un policía. Estas temerarias acusaciones fueron desmentidas; inclusive el comandante de la Policía de Barrancabermeja para la época manifestó que para esa fecha no habían asesinado a ningún policía, quedando evidenciada la falsedad de dichas acusaciones. Luego me impusieron a tres testigos sin rostro, a quienes indujeron para que me acusaran de hechos inverosímiles, como que la guerrilla me había financiado para estudiar en la Universidad y que el suscrito ordenaba la voladura de oleoductos para que Ecopetrol me asignara el contrato para el arreglo de estos oleoductos. Todas las acusaciones fueron desvirtuadas. Frente al tema de la Universidad, se demostró que laboré durante diez años como bibliotecario de la Universidad y como funcionario tenía derecho a estudiar becado, por cuanto la convención colectiva colectiva así lo establecía. Ecopetrol demostró que nunca he laborado ni como empleado y menos como contratista de esta empresa estatal.
El objetivo era mantenerme en la cárcel, y después de veintisiete meses de estar encarcelado, se comprobó que todo fue producto de un montaje judicial donde fui absuelto de todos los cargos y declarado inocente.
Como en la obra autobiográfica de Nehru de la India “Otra vez a la cárcel”, quien en diversas ocasiones fue encarcelado por liderar la causa de la libertad en su país.
De nuevo estoy encarcelado, producto de un montaje judicial fraguado desde la cárcel de Itagüí, por los criminales del paramilitarismo, los mismos que intentaron asesinarme en muchas ocasiones. No tengo la menor duda de la participación de los organismos del Estado, en especial aquél que está siendo investigado por practicar el fisgoneo o las chuzadas, están en convivencia con estos grupos paramilitares. Éstos, los paramilitares, amparados por los beneficio de la Ley de impunidad, la 975, el 17 de abril de 2008 el paramilitar alias el Panadero, me acusó de un asesinato ocurrido en Barrancabermeja, el 5 de abril de 1991. Este sujeto está condenado a cuarenta años de cárcel por las masacres que perpetró en Barrancabermeja y la Organización de Derechos Humanos CREDHOS de la cual hago parte denunció y además, hizo el acompañamiento a las víctimas. Este es un acto de retaliación contra el suscrito.
También me están cobrando la denuncia que hice por los diferentes medios de comunicación, la reunión que hizo Álvaro Uribe con varios paramilitares en Puerto Berrío y este hecho quedó registrado en un video.
Lo que está claro es que ni una sola de las acusaciones contra mí ha sido probada. Son muchas las contradicciones y las imprecisiones de los falsos testigos, pero el Fiscal del caso desconoció el debido proceso y el derecho a la defensa al desechar muchas pruebas; estoy seguro que el juicio, donde tendré la oportunidad de intervenir demostraré mi inocencia.
Llevo ocho meses tras las rejas injustamente, me están cobrando el trabajo denodado en la defensa de los derechos humanos, y como lo dije en alguna ocasión, buscan un empate moral entre las víctimas y los victimarios, para igualarnos a ellos y deslegitimar la justa causa de los derechos humanos y el libre ejercicio de la oposición política.
Ni las falsas acusaciones y menos el encierro lograrán cooptarme y menos someterme, mi moral sigue firme trabajando al interior del Penal en defensa de los derechos humanos de los internos.
Agradezco el apoyo solidario de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, religiosas, organizaciones internacionales y los pobladores y pobladoras del Magdalena Medio.
¡Adelante, la batalla por la libertad y dignidad de nuestro pueblo continua!
